La mala salud mental es muy elevada en personas con inseguridad residencial, situación que se agrava en las que soportan múltiples privaciones, y es especialmente acusada en mujeres. Asimismo, estas personas suelen sufrir a la vez diferentes ámbitos de privación material, como la pobreza energética o la inseguridad alimentaria. Estas son las principales conclusiones de un estudio con la participación del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP) y el grupo de Vivienda y Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Este trabajo, que ha sido publicado en Journal of Urban Health, ha contado con la colaboración de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza, incluyendo a 256 mujeres y 104 hombres que acudieron por primera vez a estas entidades entre 2017 y diciembre de 2019 y que reportaron precariedad en la vivienda.
Según explica Carme Borrell, jefa del grupo del CIBERESP en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, “analizamos cómo la relación de la tenencia de la vivienda y convivir con inseguridad residencial y pobreza energética y/o inseguridad alimentaria afecta a la salud mental, analizando tres indicadores: riesgo de mala salud mental, la ansiedad y/o depresión autodeclarada y el uso de psicofármacos”.
En todos ellos las personas participantes en el estudio han reportado porcentajes muy elevados, y la probabilidad de sufrir mala salud mental era del 89% en mujeres y del 85,3% en los hombres, porcentajes muy superiores a la población general en Barcelona (19,5% y 14,5%, respectivamente).
Entre las mujeres, la salud mental era peor en aquellas que vivían en una vivienda ocupada y con inseguridad alimentaria. “Observamos que a mayor número de situaciones de privación material empeoraba esta condición, y entre los hombres los resultados no mostraron un patrón tan claro, aunque los que sufrían más coexistencia de inseguridades tenían peor salud mental”, indica Carme Borrell.
En consecuencia, la interacción entre diferentes dimensiones de privación material, que se dan de manera simultánea en el seno de los hogares, plantea la necesidad de abordar los fenómenos como la inseguridad residencial y la pobreza energética no de manera aislada. Al respecto, Juli Carrere, primer firmante del trabajo e investigador de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, considera que “las personas responsables de las políticas públicas deberían abordar esta problemática teniendo en cuenta la complejidad de las personas que sufren inseguridad en la vivienda”.
